Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) remitió a 2,533 de sus funcionarios al Ministerio Público (MP) y al Órgano Interno de Control (OIC) por la comisión de delitos y faltas administrativas. Este número, aunque menor al registrado durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, donde se reportaron 4,392 casos, refleja un esfuerzo continuado del SAT en el combate a la corrupción. Según expertos, esta diferencia de cifras no necesariamente implica una mayor o menor efectividad en la supervisión, sino que puede estar influida por factores externos, como la reducción de personal y el impacto de la pandemia durante los años 2020 y 2021.
Luis Pérez de Acha, director del despacho Pérez de Acha e Ibarra de Rueda, destacó que el SAT ha mantenido un compromiso constante en la supervisión interna durante la última década, a pesar de los desafíos. En su opinión, la reducción en el número de funcionarios remitidos a las autoridades también puede estar relacionada con el enfoque en el fortalecimiento de los procedimientos internos y los mecanismos de denuncia anónima.
Por su parte, Gabriel Pérez del Peral, académico de la Universidad Panamericana (UP), explicó que el manejo de denuncias e investigaciones dentro del SAT puede estar condicionado por cuestiones políticas, lo que podría explicar una disminución en los casos de funcionarios sancionados. Entre los delitos más frecuentes se encuentran falsificación de documentos, uso de documentos falsos, fraude, acceso ilícito a sistemas informáticos y ejercicio indebido del servicio público. Pérez de Acha enfatizó que los casos de acceso ilícito a sistemas y equipos de informática son especialmente graves, ya que pueden implicar manipulación indebida de la base de datos del SAT, incluyendo la eliminación de registros de contribuyentes con adeudos.
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