Reforma Energética Avanza en el Senado y Da Prevalencia a CFE Sobre Privados

El Senado de la República ha dado un paso crucial en la modificación de los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución. La reforma aprobada asegura la prevalencia de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre las empresas privadas en la generación de energía eléctrica, estableciendo que la CFE podrá generar el 54% de la energía en todo el país, mientras que las empresas privadas solo podrán participar con un máximo del 46%.

Esta iniciativa, presentada originalmente por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y apoyada por la actual presidenta Claudia Sheinbaum, busca fortalecer a las empresas públicas del Estado. La propuesta fue aprobada por las comisiones de Puntos Constitucionales, Energía y Estudios Legislativos con 29 votos a favor y 10 en contra. La reforma establece que las funciones estratégicas como la generación de energía eléctrica, la explotación del litio y el servicio de Internet provistos por el Estado no constituirán monopolios.

Entre las modificaciones, se encuentra la eliminación del párrafo en el artículo 27 que encargaba al Estado la transición energética. Además, en el artículo 28, se suprimieron algunos objetivos de la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, y se enfatizó que los ferrocarriles tanto para transporte de pasajeros como de carga son áreas prioritarias para el desarrollo nacional. Las reformas también otorgan al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) la facultad de otorgar concesiones en radiodifusión y telecomunicaciones.

El senador morenista Óscar Cantón Zetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, calificó esta reforma como un acto de reivindicación del patrimonio del pueblo de México, al asegurar que los recursos energéticos naturales estarán destinados al beneficio de la gente. Mientras que Laura Itzel Castillo, presidenta de la Comisión de Energía, afirmó que las empresas públicas del Estado deben servir a la sociedad, especialmente en áreas estratégicas como la electricidad, Internet y litio.

Sin embargo, la oposición, liderada por senadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, criticó la reforma argumentando que no aborda las crisis financieras de Petróleos Mexicanos y de la CFE, y que podría generar incertidumbre en el mercado energético. Según el senador Agustín Dorantes del PAN, la reforma permitirá a las empresas del Estado operar sin rentabilidad, lo que podría traducirse en pérdidas millonarias para los ciudadanos. Claudia Anaya, del PRI, añadió que la reforma crea incertidumbre legal para los inversionistas, al limitar la participación de privados en la producción de energía.

Por otro lado, Oscar Ocampo, coordinador de Energía y Medio Ambiente del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), destacó que la efectividad de esta reforma dependerá de la legislación secundaria que se apruebe en el Congreso. Ocampo señaló que, aunque la reforma asegura la participación del 46% de las empresas privadas en la generación de energía, podría alterar significativamente el mercado eléctrico mayorista, donde la CFE y los privados compiten actualmente en igualdad de condiciones.

El proceso de reglamentación de esta reforma es crucial, ya que podría definir el grado de apertura del sector energético mexicano para la inversión privada. Además, Ocampo subrayó que el gobierno federal necesitará al menos 35 mil millones de dólares en inversión para cumplir sus metas de transición energética, lo que hace indispensable la participación del capital privado.

Esta reforma también marca un cambio en la política energética de México respecto a las reformas promovidas por el expresidente Enrique Peña Nieto en 2013, las cuales buscaban descentralizar el sector energético y permitir una mayor participación de empresas privadas. Ahora, la CFE se consolida como el actor preponderante en la generación y distribución de energía en el país, lo que, según la mayoría de Morena, busca garantizar la soberanía energética de la nación.