Sheinbaum Lanza la Secretaría Anticorrupción para Sustituir a la Función Pública

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó la nueva Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, que sustituirá a la actual Secretaría de la Función Pública (SFP). Este cambio tiene como objetivo fortalecer la lucha contra la corrupción, especialmente en los contratos públicos, donde se estima que los sobornos representaban el 4.5% del valor total de los contratos antes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Según las palabras de Raquel Buenrostro, titular de la nueva dependencia, esta transformación permitirá consolidar una administración pública más transparente, eficiente y enfocada en reducir los índices de corrupción a nivel federal y estatal.

Uno de los principales enfoques de la nueva secretaría será la transición de un enfoque correctivo a un enfoque preventivo. Esto implica la modernización de la administración pública, dignificación de la carrera del servidor público, y la consolidación de prácticas de buen gobierno que actúen como un “policía bueno”, es decir, una autoridad que acompaña y orienta a los funcionarios en lugar de sancionarlos exclusivamente. De acuerdo con Buenrostro, las prácticas anticorrupción buscarán hacer que la violación de la ley sea más costosa que cumplir con ella, eliminando los incentivos para incumplir contratos o normativas gubernamentales.

Durante la conferencia matutina, Buenrostro destacó que, bajo el mandato de López Obrador, la tasa de actos de corrupción en trámites se redujo un 11.2% entre 2019 y 2023, lo que equivale a 13,966 actos por cada 100,000 habitantes. Además, la percepción de que la corrupción es una práctica “muy frecuente” o “frecuente” cayó ocho puntos porcentuales, situándose en un 83.1%, la cifra más baja registrada, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Estos resultados muestran el impacto de las políticas de austeridad y fiscalización implementadas durante el gobierno de López Obrador, políticas que Buenrostro desempeñó de manera central como jefa del SAT y secretaria de Economía.

Además de la lucha directa contra la corrupción, la Secretaría Anticorrupción impulsará la transparencia proactiva y fomentará la proveeduría nacional mediante la consolidación de compras públicas a precios justos. También se espera que fortalezca la cultura de la denuncia tanto en el sector público como en el privado, lo que permitirá que las investigaciones sobre actos de corrupción sean más eficaces y que la impunidad disminuya considerablemente.

En los primeros 100 días de la nueva secretaría, uno de los objetivos será la reestructuración de la administración pública federal. Este proceso incluirá el acompañamiento de proyectos clave como el Tren Maya y la modernización del sector salud. A su vez, se elaborarán reformas a la Ley de Adquisiciones y la Ley de Obras, lo que, según Buenrostro, permitirá ahorrar hasta un 70% en los costos de los contratos públicos mediante el uso de subastas.

La creación de la Secretaría Anticorrupción se enmarca dentro de los esfuerzos por continuar con el legado de la Cuarta Transformación, un movimiento que ha priorizado la lucha contra la corrupción como uno de sus pilares fundamentales. La expectativa es que esta nueva dependencia contribuya a mantener el crecimiento histórico de los recursos públicos, al asegurar que se inviertan de manera eficiente y sin desvíos hacia prácticas ilícitas.