La reciente reforma constitucional a los artículos 105 y 107 ha provocado gran preocupación debido a que limita las facultades del Poder Judicial de la Federación para controlar actos arbitrarios del Poder Ejecutivo y Legislativo. Esta modificación afecta no solo a los ciudadanos, sino también a las empresas, tanto nacionales como extranjeras, y compromete la soberanía de los estados.
Con la reforma, los Juicios de Amparo, las Controversias Constitucionales y las Acciones de Inconstitucionalidad en contra de reformas constitucionales se declaran improcedentes. Esto significa que los jueces y magistrados ya no podrán analizar reformas a la Constitución, incluso si violan derechos fundamentales. Esto anula el derecho a impugnar cualquier cambio que se haga en la carta magna, eliminando una herramienta esencial de protección.
El partido oficial y sus aliados están eliminando los controles jurisdiccionales que existen en las democracias para garantizar que el Poder Judicial determine si las reformas son congruentes con tratados internacionales de derechos humanos. Este retroceso democrático permite que el gobierno modifique el texto constitucional a su conveniencia, sin límite alguno.
Históricamente, la supremacía constitucional fue el principio rector de los sistemas jurídicos desde el siglo XIX, donde las Constituciones eran la norma…
La reforma a los artículos 105 y 107 elimina controles judiciales sobre cambios constitucionales, poniendo en riesgo los derechos de los mexicanos y las empresas.
