Flexibilidad Laboral: El Debate en la Regulación de Trabajadores de Plataformas Digitales

La regulación de los trabajadores de plataformas digitales en México se ha convertido en un tema controvertido, especialmente en lo que respecta a la flexibilidad laboral que caracteriza este sector. La presidenta Claudia Sheinbaum ha propuesto reformar la Ley Federal del Trabajo (LFT) para ofrecer derechos laborales a los trabajadores de aplicaciones, pero el enfoque actual subordinaría a estos empleados a un esquema tradicional, eliminando aspectos de flexibilidad que son clave para muchos de ellos.

En México, aproximadamente 2.5 millones de personas dependen de estas plataformas como fuente de ingresos, aunque el Servicio de Administración Tributaria (SAT) solo reconoce oficialmente a 658 mil de estos trabajadores. Un estudio de Buendía & Márquez para Alianza In México —una asociación conformada por plataformas como Cabify, DiDi, Rappi y Uber— destaca el impacto que esta regulación podría tener en los ingresos y la independencia de los trabajadores de aplicaciones.

El pasado 30 de octubre, en protesta frente a la Cámara de Diputados, trabajadores de este sector expresaron su rechazo al esquema propuesto. Algunos empleados argumentan que su decisión de trabajar en plataformas digitales se basa en la libertad de horario, la posibilidad de multiconexión y la libertad de conexión geográfica. Estos elementos están establecidos en el “Manifiesto de piso mínimo de las trabajadoras y trabajadores de plataformas digitales” y en el “Decálogo: Principios para la creación de un nuevo marco regulatorio de la economía colaborativa en México”, documentos que respaldan el modelo flexible de trabajo.

Por su parte, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y la propuesta del PT en el Senado coinciden en que la flexibilidad laboral no debe impedir el acceso a derechos fundamentales, como la seguridad social. La propuesta de la STPS establece que las plataformas deben considerar a los trabajadores como empleados, con obligaciones como el pago de seguridad social y un esquema de trabajo mínimo de 48 horas semanales, lo cual contradice la realidad para muchos de estos empleados, que solo se conectan entre 10 y 15 horas por semana.

Nicolás Sánchez, director de políticas públicas de Uber, ha expresado que esta medida no está adaptada a la realidad de los trabajadores de plataformas, ya que la mayoría de ellos no buscan un empleo de tiempo completo. Por su parte, Gina Córdova, conductora y repartidora de Uber, señala la importancia de reconocer que existen diferentes tipos de trabajadores en este sector: quienes dependen exclusivamente de este empleo y quienes lo ven como un ingreso adicional.

Otro aspecto crítico de la propuesta es la falta de claridad sobre qué autoridad regularía las posibles controversias en este nuevo sector laboral. Los trabajadores también han denunciado que la discusión de esta iniciativa se ha centrado en la Ciudad de México, sin que trabajadores de otros estados hayan sido informados adecuadamente o invitados a participar en las reuniones de diálogo.

La flexibilidad laboral sigue siendo el punto de quiebre en la propuesta de regulación para trabajadores de plataformas digitales. Mientras que algunos consideran necesario ofrecer derechos laborales básicos, otros insisten en que esta regulación debería preservar la autonomía y la independencia que caracteriza a esta economía colaborativa. La discusión permanece abierta, con diversas propuestas y posturas que buscan encontrar un equilibrio entre flexibilidad e inclusión social.