2,533 Funcionarios del SAT Sancionados por Ilícitos en el Sexenio de AMLO

Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) remitió a 2,533 de sus funcionarios al Ministerio Público (MP) y al Órgano Interno de Control (OIC) por la comisión de delitos y faltas administrativas. Este número, aunque menor al registrado durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, donde se reportaron 4,392 casos, refleja un esfuerzo continuado del SAT en el combate a la corrupción. Según expertos, esta diferencia de cifras no necesariamente implica una mayor o menor efectividad en la supervisión, sino que puede estar influida por factores externos, como la reducción de personal y el impacto de la pandemia durante los años 2020 y 2021.

Luis Pérez de Acha, director del despacho Pérez de Acha e Ibarra de Rueda, destacó que el SAT ha mantenido un compromiso constante en la supervisión interna durante la última década, a pesar de los desafíos. En su opinión, la reducción en el número de funcionarios remitidos a las autoridades también puede estar relacionada con el enfoque en el fortalecimiento de los procedimientos internos y los mecanismos de denuncia anónima.

Por su parte, Gabriel Pérez del Peral, académico de la Universidad Panamericana (UP), explicó que el manejo de denuncias e investigaciones dentro del SAT puede estar condicionado por cuestiones políticas, lo que podría explicar una disminución en los casos de funcionarios sancionados. Entre los delitos más frecuentes se encuentran falsificación de documentos, uso de documentos falsos, fraude, acceso ilícito a sistemas informáticos y ejercicio indebido del servicio público. Pérez de Acha enfatizó que los casos de acceso ilícito a sistemas y equipos de informática son especialmente graves, ya que pueden implicar manipulación indebida de la base de datos del SAT, incluyendo la eliminación de registros de contribuyentes con adeudos.

La diferencia entre el número de funcionarios remitidos al OIC y a las autoridades judiciales se debe a que probar una falta administrativa es generalmente más sencillo que establecer un caso penal. Los analistas subrayan que, para mejorar el combate a la corrupción, es crucial fortalecer los procesos de investigación y garantizar la eficacia de las sanciones. Asimismo, la implementación de un enfoque de gestión pública orientado al “compliance”, que implique transparencia y rendición de cuentas, es esencial para lograr una mayor integridad en la administración fiscal.

Pérez del Peral señaló que una colaboración más estrecha entre la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Secretaría de Hacienda y el SAT es fundamental para reducir los índices de corrupción en el organismo. La capacitación en el control aduanero representa otro desafío importante, particularmente en la supervisión de las aduanas. De acuerdo con el experto, es necesario entrenar a los funcionarios para que puedan detectar prácticas irregulares y asegurar un proceso de revisión eficiente y seguro en colaboración con la Marina y la Defensa Nacional.

Aunque el SAT ha tomado medidas relevantes en el combate a la corrupción, todavía enfrenta retos importantes, especialmente en aduanas y en la gestión de su personal. Los especialistas señalan que el organismo debe continuar perfeccionando sus procedimientos internos y fomentando una cultura de transparencia que permita fortalecer la confianza en sus operaciones y en el sistema fiscal en su conjunto.