Nuevo León Otorga 3.3 Mil MDP a Empresa Sin Historial Operativo

La Administración de Nuevo León, encabezada por el Gobernador Samuel García, adjudicó un contrato millonario por 3 mil 307 millones de pesos a Ego Móvil, una empresa sin historial operativo, para el arrendamiento de 600 camiones chinos. A pesar de esta suma, hasta la fecha, solo se ha entregado el 55% de las unidades comprometidas, generando dudas sobre la capacidad y experiencia de la compañía.

Ego Móvil, creada en 2004 en Querétaro, permaneció inactiva durante 19 años sin registrar operaciones ni clientes. Fue apenas en marzo de 2023, días antes de que se publicara la licitación para los camiones, que la empresa modificó su objeto social para incluir la importación de equipos de transporte y servicios de movilidad. Previo al contrato, la empresa no había reportado ingresos durante los años 2019 a 2022, según datos fiscales.

El contrato fue otorgado bajo la modalidad de arrendamiento “full service”, que incluye mantenimiento preventivo y correctivo, trámites operativos, inspecciones mensuales e inventarios de refacciones, con vigencia hasta octubre de 2027. Sin embargo, de las 600 unidades comprometidas, al cierre de octubre de 2023 solo se habían entregado 199 autobuses, y para diciembre, la cifra subió a 328, equivalente al 55% del total.

La licitación generó controversia desde el inicio. De los 14 interesados en el concurso, solo tres presentaron propuestas, y Ego Móvil fue la única que cumplió con los requisitos técnicos. Volvo Group México, otro participante, solicitó una extensión en los plazos de entrega, pero su solicitud fue rechazada, lo que limitó su participación.

El domicilio fiscal de Ego Móvil también ha levantado cuestionamientos. Registrada inicialmente en una casa habitación en Querétaro, la empresa proporcionó posteriormente la dirección de una bodega en García, Nuevo León, donde no se observa ninguna razón social visible.

El informe de la Cuenta Pública 2023 de la Auditoría Superior del Estado destacó las irregularidades en la entrega de las unidades y las inconsistencias en el proceso de adjudicación. Además, la falta de experiencia previa de Ego Móvil y de sus socios principales, como José Luis Salas Sánchez y Édgar Eduardo Rosales, quienes tienen empresas en giros inmobiliarios y consultorías, incrementa las dudas sobre la transparencia del contrato.

A pesar de estos señalamientos, Ego Móvil ha facturado al menos 1,312 millones de pesos al Instituto de Movilidad y Accesibilidad (IMA) estatal desde la firma del contrato, consolidándose como su principal cliente, junto con la financiera Bansi, que también ha participado con facturas por otros 700 millones de pesos.

La situación plantea serias preguntas sobre la transparencia y la idoneidad del proceso de adjudicación, así como sobre la capacidad de la Administración estatal para garantizar el cumplimiento de los contratos en beneficio de la movilidad pública.