Ministros Advierten Impacto de la Desaparición de las Salas de la Suprema Corte

La reciente reforma judicial, que entrará en vigor en septiembre de 2025, reducirá el número de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de once a nueve y eliminará las Salas de la Corte, instancias que han existido desde el siglo XIX. Esta medida obliga a que todos los casos sean resueltos exclusivamente por el Pleno, una dinámica que podría ralentizar la resolución de asuntos debido a las características de este órgano, donde las discusiones son más extensas y complejas.

Actualmente, las Salas son responsables de resolver la mayor parte de los casos de la Corte. Desde 2011, cada Sala ha resuelto cerca del 93% de los expedientes, dejando al Pleno la votación de apenas poco más de cuatro mil asuntos. Para 2025, las Salas enfrentarán un incremento del 37.7% en asuntos pendientes, acumulando mil cuatro casos que deberán ser trasladados al Pleno.

El Ministro Jorge Pardo, Presidente de la Primera Sala, enfatizó la importancia histórica y funcional de estas instancias. Desde su creación, las Salas han sido pilares fundamentales para garantizar la celeridad, especialización y excelencia en la impartición de justicia. La desaparición de las Salas, según Pardo, es un retroceso en un sistema que ha permitido un análisis profundo y eficiente de las materias penales, civiles, administrativas y laborales.

El impacto de esta reforma también fue destacado por el Ministro Alberto Pérez Dayán, Presidente de la Segunda Sala, quien calificó la decisión como un “reto mayúsculo” que cambiará radicalmente el funcionamiento de la Suprema Corte. La reforma no solo elimina las Salas, sino que también contempla la destitución integral de la Judicatura Federal, una medida que Pardo calificó como “inexplicable” y perjudicial para el profesionalismo y la excelencia judicial acumulados en los últimos treinta años.

La situación también se refleja en los datos más recientes: durante 2024 ingresaron 3,926 nuevos asuntos a las Salas, un 21% más que en 2023, con la Primera Sala recibiendo 2,125 casos y la Segunda Sala 1,801. Este incremento refleja la presión que enfrentará el Pleno una vez que las Salas dejen de operar.

Pardo expresó su preocupación por la falta de comunicación efectiva con la sociedad sobre los riesgos de esta reforma, lamentando que las decisiones políticas eclipsen los logros del Poder Judicial. Por su parte, Pérez Dayán señaló que esta reforma llevará al sistema judicial mexicano por un camino incierto, con consecuencias que podrían afectar negativamente la impartición de justicia en el país.

La reforma judicial marca un momento crítico para la Suprema Corte, planteando desafíos tanto operativos como estructurales que afectarán su capacidad para atender los miles de casos que llegan anualmente.