El Instituto Nacional Electoral enfrenta una decisión crucial respecto a la legalidad de los registros de candidaturas para la elección de jueces y magistrados. La Constitución establece que el Senado debía remitir la lista de aspirantes al INE el 12 de febrero, plazo en el que se presentó un documento sin incluir a las denominadas ministras del bienestar. Sin embargo, el 15 de febrero, el Senado envió una segunda lista con sus nombres añadidos, lo que ha desatado acusaciones de violación constitucional.
El marco normativo electoral es claro en cuanto a los plazos y procedimientos. La inscripción de candidaturas fuera del tiempo establecido podría constituir una irregularidad grave, ya que altera las reglas preestablecidas y compromete la transparencia del proceso. La jurisprudencia en materia electoral ha señalado reiteradamente que los términos constitucionales deben respetarse estrictamente para garantizar la certeza jurídica.
En este momento, la Mesa de Consejeros del INE analiza la procedencia de estos registros. Si el organismo aprueba la segunda lista, estaría enviando el mensaje de que los plazos constitucionales pueden flexibilizarse de manera discrecional, lo que abriría la puerta a futuras decisiones influenciadas por factores políticos. Juristas y expertos han advertido que permitir registros extemporáneos…
El INE evalúa la validez de registros presentados fuera del plazo constitucional.
