El Gobierno español ha puesto fin de forma definitiva a la posibilidad de obtener permisos de residencia mediante la compra de bienes inmuebles. Esta decisión, efectiva desde el 3 de abril, pone fin a una política que estuvo en vigor desde 2014, creada durante la crisis económica para atraer inversión extranjera a través de las conocidas como golden visa. El mecanismo permitía a extranjeros no pertenecientes a la Unión Europea obtener la residencia si invertían al menos 500,000 euros en una propiedad sin cargas hipotecarias. Además, también se aplicaba a quienes destinaban millones a deuda pública, acciones de empresas españolas o fondos de inversión registrados en el país.
Desde su implementación, se concedieron 22,430 permisos bajo este esquema, concentrándose el 93% en solo siete provincias: Barcelona, Madrid, Málaga, Alicante, Baleares, Girona y Valencia. La mayoría de los beneficiarios provenían de China, Rusia, Ucrania y Reino Unido, siendo estos dos últimos considerados europeos no comunitarios tras el Brexit. El modelo se aceleró especialmente tras la pandemia, con un máximo histórico de 5,425 visados en 2023.
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El número de visados por inversión inmobiliaria se disparó tras la pandemia, alcanzando su máximo en 2023.
