Con 345 votos a favor, 131 en contra y tres abstenciones, la Cámara de Diputados dio luz verde en lo general a una reforma sustancial de la Ley de Amparo que modifica el acceso a la suspensión de actos de autoridad y redefine conceptos clave como el interés legítimo. La propuesta, impulsada por el Ejecutivo federal y respaldada por Morena y sus aliados, fue discutida en medio de críticas por parte de legisladores de oposición, quienes denunciaron que se trata de un intento por debilitar la última herramienta de defensa jurídica de la ciudadanía ante posibles abusos del poder.
El texto aprobado prohíbe la concesión de suspensiones en casos como el bloqueo de cuentas ordenado por la Unidad de Inteligencia Financiera, así como en procedimientos administrativos donde se revoquen concesiones o autorizaciones emitidas por el gobierno federal. También se restringe su aplicación frente a créditos fiscales firmes y otros actos en los que el contribuyente exprese desconocimiento. Adicionalmente, se introducen como criterios obligatorios para el juzgador el análisis del interés social y del orden público, términos que la oposición considera vagos y altamente interpretables, lo que podría limitar seriamente la efectividad del amparo.
Otro cambio relevante es la ampliación de…
El juicio de amparo, columna vertebral del control constitucional, enfrenta una reforma que reconfigura su alcance en México.
