Fiscalización Post-REPSE: El Reto de Cumplir Sin Riesgos Legales y FiscalesDesde la reforma laboral de 2021, las empresas que contratan o prestan servicios especializados enfrentan un entorno normativo más estricto, donde el incumplimiento puede implicar sanciones fiscales, laborales y de seguridad social.
El SAT, IMSS y STPS están endureciendo las revisiones sobre servicios especializados registrados en el REPSE.
A partir de la reforma laboral de 2021, la figura de subcontratación quedó restringida únicamente a servicios especializados o ejecución de obra especializada, siempre que no formen parte del objeto social ni de la actividad preponderante del contratante. Esta condición quedó estipulada en los artículos 12 y 13 de la Ley Federal del Trabajo, estableciendo además como requisito indispensable el registro en el Padrón REPSE. La omisión de este registro por parte de un proveedor puede acarrear consecuencias fiscales como la no deducibilidad del gasto y el impedimento para acreditar el IVA, lo cual está alineado con las disposiciones fiscales vigentes.
La operación de las empresas bajo este esquema exige que quienes presten servicios especializados acrediten la naturaleza de sus actividades ante el SAT, IMSS e INFONAVIT, además de cumplir con la entrega oportuna de información mensual respecto a los contratos vigentes. Esto ha derivado en un entorno de supervisión más riguroso. Actualmente, las autoridades intensifican las auditorías enfocándose en verificar la legalidad de estas operaciones, con el objetivo de detectar simulaciones o esquemas que encubran subcontratación de personal prohibida. En caso de incumplimiento, las sanciones pueden incluir determinación de créditos fiscales, imposición de multas, cancelación del registro REPSE e incluso impactos reputacionales que dificulten la continuidad de relaciones comerciales.
Las autoridades han detectado casos en los que los servicios especializados contratados se encuadran dentro del objeto o actividad principal del beneficiario, configurando una violación directa a la normatividad. Esto ha provocado recaracterizaciones, fiscalizaciones correctivas y litigios. Por ello, tanto los prestadores como los contratantes deben asegurarse de documentar adecuadamente los contratos, vigilar el cumplimiento de las obligaciones informativas, y operar con claridad respecto al alcance del objeto social y la especialización real del servicio ofrecido. El SAT, en coordinación con el IMSS y la Secretaría del Trabajo, ha incrementado los requerimientos y cruces de información para detectar inconsistencias.
La supervisión no solo implica aspectos fiscales. Desde la óptica laboral y de seguridad social, el incumplimiento también puede derivar en inspecciones por parte de la STPS, y en revisiones al cumplimiento de cuotas obrero-patronales. Estos procesos pueden culminar con sanciones administrativas severas. Las empresas deben asumir que la fiscalización post-REPSE no se limita al registro, sino que abarca toda la operación y cumplimiento continuo, considerando los criterios normativos publicados por las propias autoridades en sus portales oficiales y en la Resolución Miscelánea Fiscal 2024.
Una gestión responsable de los servicios especializados implica un monitoreo constante de obligaciones fiscales, laborales y contractuales, así como el análisis periódico del cumplimiento de los proveedores. Documentar adecuadamente cada etapa de la contratación y mantener comunicación activa con el proveedor son prácticas fundamentales para evitar contingencias legales y económicas.
