Reforma A La Ley Aduanera Aumentará Costos Y Responsabilidades Para Agentes Aduanales En 2026La nueva Ley Aduanera transformará de manera profunda el papel de los agentes aduanales en México. A partir de enero de 2026, asumirán mayores responsabilidades de fiscalización y control, lo que podría duplicar los costos de operación en el comercio exterior y generar un entorno de mayor riesgo administrativo y sancionatorio.
Los cambios en la Ley Aduanera elevan la responsabilidad de los agentes aduanales, incrementando sus funciones, sanciones y obligaciones de control operativo.
La reforma a la Ley Aduanera, aprobada por el Congreso y próxima a entrar en vigor el 1 de enero de 2026, representa uno de los cambios más drásticos en la regulación del comercio exterior en los últimos años. Esta nueva legislación convierte al agente aduanal en un verdadero coadministrador fiscal, asignándole funciones que antes correspondían únicamente a la autoridad federal.
Los agentes aduanales ahora deberán verificar la trazabilidad completa de las mercancías que cruzan por las aduanas mexicanas, desde su origen hasta su destino final, asegurándose de que los importadores y exportadores cuenten con la infraestructura y documentación necesarias para justificar cada operación. Esta exigencia implica mayor carga laboral, necesidad de inversión tecnológica y contratación de personal especializado, lo que podría incrementar los costos operativos hasta en un 100 %.
La ley también endurece el régimen de responsabilidad administrativa. Se elimina la posibilidad de exenciones en casos específicos, lo que significa que los agentes serán completamente responsables de los errores u omisiones que se presenten durante el despacho aduanero. Además, el artículo 164 amplía las causas de suspensión de patente, y el artículo 165 establece sanciones más severas, incluyendo la cancelación definitiva de la autorización para operar.
En este nuevo contexto, el agente aduanal deja de ser un intermediario auxiliar del Estado para convertirse en un actor sujeto a las mismas exigencias y sanciones que la autoridad, sin contar con su respaldo institucional. Esto aumenta significativamente los riesgos financieros, legales y reputacionales de su labor.
Por otro lado, la reforma impone la certificación obligatoria cada tres años y limita la vigencia de las patentes a 20 años, con la obligación de cumplir estándares de actualización profesional y operativa. Estas medidas, aunque buscan mejorar la transparencia y eficiencia del sistema aduanero, son vistas por el sector como un golpe severo a su autonomía y capacidad operativa.
Expertos en comercio exterior han advertido que esta reforma puede provocar mayores tiempos de despacho, saturación en cruces fronterizos y un riesgo creciente de corrupción, debido al alto nivel de sanciones y multas económicas. Además, se teme que la sobrecarga de funciones genere confusión entre las tareas que corresponden al sector privado y aquellas que deben mantenerse bajo control del Gobierno Federal.
El panorama para el 2026 es claro: los agentes aduanales deberán fortalecer sus sistemas de control interno, invertir en capacitación tecnológica y reforzar la documentación de sus procesos. Aquellos que no logren adaptarse enfrentarán un entorno de alta fiscalización y posibles sanciones que podrían poner en riesgo la continuidad de su patente y su actividad profesional.
