Amenazas De Estados Unidos Y Rusia Ponen En Riesgo La Corte Penal Internacional, Advierte Su PresidentaLa presidenta de la CPI alerta sobre las graves represalias que amenazan la existencia del tribunal internacional.
La CPI enfrenta sanciones y presiones que amenazan su independencia.

La presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), Tomoko Akane, denunció este lunes las crecientes amenazas contra la institución, incluidas sanciones estadounidenses y órdenes de detención emitidas por Rusia contra su personal, que, según advirtió, ponen en peligro su existencia. Durante su intervención en la conferencia anual de los 124 miembros del tribunal, la jueza Akane describió las medidas coercitivas como intentos de socavar la legitimidad del tribunal y su capacidad para administrar justicia.
Sin nombrar directamente a Estados Unidos ni a Rusia, Akane se refirió a ellos como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. En particular, mencionó las acciones de Rusia, que emitieron una orden de detención contra el fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, tras la emisión de órdenes de aprehensión contra el presidente ruso, Vladímir Putin. Además, señaló que la aprobación de un proyecto de ley por parte de la Cámara de Representantes de Estados Unidos en junio, que contempla sanciones contra la Corte, agrava el panorama. Esta medida fue impulsada en respuesta a la petición de Khan de órdenes de detención contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y su exjefe de Defensa, Yoav Gallant.
Akane afirmó que la CPI ha sido víctima de ataques destinados a politizar su función y comprometer su independencia. Denunció que la institución enfrenta amenazas de sanciones económicas draconianas de un miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, comparándolas con las impuestas a organizaciones terroristas. Según Akane, tales medidas podrían paralizar el funcionamiento de la Corte y amenazar su misión de enjuiciar crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio, entre otros.
La presidenta reafirmó el compromiso de la Corte con su independencia e imparcialidad, rechazando cualquier intento de influir en sus decisiones. Declaró que la CPI ha actuado y seguirá actuando conforme a la ley bajo cualquier circunstancia. Fundada en 2002, la CPI tiene como objetivo enjuiciar crímenes graves cuando los Estados miembros no puedan o no deseen hacerlo por sí mismos.
Con un presupuesto proyectado para 2024 de 187 millones de euros, la Corte enfrenta retos significativos derivados de las presiones diplomáticas y políticas, particularmente de países que, aunque no son miembros, tienen influencia considerable en la esfera internacional. Akane concluyó subrayando la importancia de proteger la función del tribunal como garante de la justicia internacional y los derechos fundamentales.





