Aplicará SAT Sanciones Exprés Contra Contribuyentes En 2026El SAT prepara una nueva estrategia de fiscalización que permitirá suspender sellos digitales en solo cinco días si el contribuyente no demuestra la existencia real de una operación cuestionada. La medida, contemplada en la reforma al Código Fiscal de la Federación para 2026, busca fortalecer el artículo 69-B, con el que se combaten las factureras y operaciones simuladas.
El SAT planea endurecer su fiscalización con verificaciones exprés y suspensión inmediata de sellos digitales para quien no compruebe operaciones en tiempo récord.
Una nueva ofensiva fiscal del Servicio de Administración Tributaria pondrá a prueba la resiliencia de las empresas a partir de 2026. La reforma al Código Fiscal de la Federación (CFF) propone que, si una operación es cuestionada, el contribuyente deberá demostrar su veracidad en un plazo máximo de cinco días hábiles, o de lo contrario, el SAT podrá suspender de inmediato sus sellos digitales, lo que paralizaría su facturación y operaciones.
De acuerdo con Luz María Guerra, directora de la firma Sistema Inteligente de Administración y de Control (SIAC), esta iniciativa amplía el alcance del artículo 69-B del CFF, utilizado actualmente para identificar empresas que facturan operaciones simuladas (EFOS). El cambio más relevante es que ahora el SAT no necesitará demostrar que toda una empresa es una facturera: bastará con cuestionar una sola operación específica, incluso si involucra montos millonarios entre compañías legítimas.
El proceso comenzará con una notificación formal. A partir de ese momento, la empresa tendrá solo cinco días para reunir pruebas irrefutables —como contratos, correos, entregables o fotografías— que demuestren la materialidad de la transacción. Mientras tanto, los sellos digitales serán suspendidos de manera preventiva, dejando al contribuyente imposibilitado para emitir CFDI y, por ende, operar comercialmente.
Según Guerra, este procedimiento constituye una “visita domiciliaria exprés”, diseñada para ejecutar acciones rápidas y contundentes, pero que podría generar caos operativo en empresas que no cuenten con mecanismos internos de control y evidencia documental inmediata. Además, el proyecto de ley plantea que el timbrado de una factura no garantiza su autenticidad, sino que solo cumple una función formal; la carga de la prueba recae por completo en el emisor.
El contexto regulatorio se complica aún más con la reforma a la Ley de Amparo, impulsada por el Ejecutivo, que podría limitar la capacidad de los tribunales para suspender actos administrativos. Fitch Ratings advierte que, de aprobarse ambas reformas, aumentará significativamente el riesgo regulatorio para las empresas mexicanas, especialmente en sectores con alta rotación comercial o transacciones interempresariales.
El SAT argumenta que estas medidas buscan combatir el fraude fiscal y las simulaciones, pero en la práctica podrían crear un ambiente de fiscalización agresiva, donde la rapidez procesal se imponga sobre la seguridad jurídica. Ante ello, expertos recomiendan que las compañías fortalezcan sus políticas internas de cumplimiento, documentación y trazabilidad fiscal, pues cada operación podría convertirse en un punto de fiscalización inmediata.
