Aprueban Diputados Ley De Derechos Con Incrementos A Minería Y Turismo

La Cámara de Diputados aprobó diversas modificaciones a la Ley Federal de Derechos, incluyendo aumentos significativos a los derechos mineros y al turismo extranjero. Con 341 votos a favor de Morena, PT, PVEM y Movimiento Ciudadano, y 95 en contra, las reformas incluyen incrementos del derecho especial sobre minería del 7.5% al 8.5% y del derecho extraordinario del 0.5% al 1% para este sector. También se eleva el derecho por turismo extranjero de 717.14 a 860.56 pesos, así como el costo de servicios migratorios en aeropuertos, de 185.91 a 223.09 pesos.

La redistribución de estos ingresos fue uno de los puntos más controvertidos. El 67% del derecho por turismo extranjero se destinará a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para sus empresas sectorizadas, mientras que el 33% restante irá a la Tesorería de la Federación sin un destino específico. En cuanto a los ingresos por servicios aeroportuarios, el 60% será para la Sedena y el 40% para la Marina, fortaleciendo los sistemas bajo su coordinación. Por otro lado, el 83% de los ingresos por derechos migratorios en aeropuertos será para el Instituto Nacional de Migración, y el 17% se transferirá a la Tesorería sin especificar su uso.

La oposición criticó duramente estas reformas. Héctor Saúl Téllez, del PAN, calificó la ley como promotora del militarismo en los ingresos al destinar una porción significativa de los recursos recaudados a la Sedena, y cuestionó la falta de transparencia en la asignación de estos fondos. Por su parte, Emilio Lara, del PRI, denunció lagunas legales en la normativa, señalando que los recursos transferidos a la Tesorería carecen de un etiquetado claro para su uso, a pesar de las demandas de atención presupuestal de diversos sectores.

En contraste, la morenista Paola Tenorio defendió las reformas, afirmando que incrementarán los ingresos fiscales mientras promueven la justicia y la dignidad. Según Tenorio, la normativa está alineada con las responsabilidades de la Administración pública federal y responde a las condiciones económicas actuales.

La aprobación de esta ley marca un cambio significativo en la política fiscal, destacando tanto los aumentos en los derechos como la controvertida redistribución de recursos. El debate continúa en torno a las implicaciones económicas y sociales de estas reformas, así como su impacto en la transparencia y el uso de los ingresos públicos.