Diputados Aprueban Reforma que Limita Suspensiones en Amparo y Redefine Derechos ProcesalesLa Cámara de Diputados aprobó en lo general una reforma a la Ley de Amparo que restringe la suspensión provisional, redefine el concepto de interés legítimo e introduce criterios de interés social y orden público para limitar el alcance del juicio de amparo, generando una fuerte crítica de la oposición por su posible impacto en la protección de derechos humanos.
El juicio de amparo, columna vertebral del control constitucional, enfrenta una reforma que reconfigura su alcance en México.
Con 345 votos a favor, 131 en contra y tres abstenciones, la Cámara de Diputados dio luz verde en lo general a una reforma sustancial de la Ley de Amparo que modifica el acceso a la suspensión de actos de autoridad y redefine conceptos clave como el interés legítimo. La propuesta, impulsada por el Ejecutivo federal y respaldada por Morena y sus aliados, fue discutida en medio de críticas por parte de legisladores de oposición, quienes denunciaron que se trata de un intento por debilitar la última herramienta de defensa jurídica de la ciudadanía ante posibles abusos del poder.
El texto aprobado prohíbe la concesión de suspensiones en casos como el bloqueo de cuentas ordenado por la Unidad de Inteligencia Financiera, así como en procedimientos administrativos donde se revoquen concesiones o autorizaciones emitidas por el gobierno federal. También se restringe su aplicación frente a créditos fiscales firmes y otros actos en los que el contribuyente exprese desconocimiento. Adicionalmente, se introducen como criterios obligatorios para el juzgador el análisis del interés social y del orden público, términos que la oposición considera vagos y altamente interpretables, lo que podría limitar seriamente la efectividad del amparo.
Otro cambio relevante es la ampliación de 60 a 90 días para que los jueces emitan sentencia, y la incorporación de nuevos supuestos de improcedencia del juicio. Si bien los impulsores de la reforma sostienen que se trata de una modernización que busca evitar el uso abusivo del amparo para frenar obras públicas o intereses colectivos, los críticos sostienen que las modificaciones representan un retroceso en materia de derechos humanos.
El diputado Germán Martínez advirtió que se está desmantelando el instrumento jurídico más importante de control constitucional en México. Recordó que en el pasado, figuras de la misma coalición gobernante defendían con firmeza la suspensión como garantía de protección efectiva, incluso en contextos de conflictos sociales y medioambientales. Legisladores del PRI y Movimiento Ciudadano calificaron la reforma como un albazo legislativo y acusaron falta de diálogo, además de señalar que deja indefensas a comunidades originarias, agrupaciones sociales y ciudadanos ante decisiones administrativas que vulneren sus derechos o su entorno.
Por otro lado, voces como la de la diputada Mariana Benítez defendieron la propuesta, señalando que no se pretende eliminar el amparo, sino evitar su uso con fines dilatorios por parte de grupos privilegiados que históricamente han frenado proyectos de interés nacional.
A pesar de los señalamientos, la mayoría oficialista logró imponer su postura y enviar la iniciativa al Senado para su revisión. La discusión sobre el equilibrio entre el interés público y la protección de derechos fundamentales permanece abierta, en un contexto donde el amparo sigue siendo uno de los pilares del estado de derecho en México.
