El crecimiento sostenido de la economía digital ha impulsado a los gobiernos a modernizar sus estrategias de fiscalización. En México, este esfuerzo se ha consolidado con la incorporación del Artículo 30-B al Código Fiscal de la Federación, cuyo propósito es establecer un sistema de verificación en tiempo real del cumplimiento tributario por parte de las plataformas digitales. Aunque ha sido criticado como una forma de vigilancia masiva, el SAT ha rechazado enfáticamente que esta disposición represente una ley espía.
Según lo establece el artículo, las plataformas digitales deberán proporcionar acceso en línea a sus sistemas, limitándose exclusivamente a datos fiscales necesarios para constatar el cumplimiento de obligaciones tributarias. Esta medida no contempla el monitoreo de hábitos de consumo ni el acceso a información personal, lo que refuerza el cumplimiento del Artículo 16 Constitucional sobre privacidad y legalidad en los actos de autoridad.
El SAT publicó el 21 de octubre de 2025 una tarjeta informativa, en la cual precisó que la conexión en tiempo real será únicamente con fines fiscales y no se utilizará para supervisión o vigilancia de los usuarios. Se trata de una herramienta de compliance ya utilizada en países como España, Brasil…
El SAT se pronunció oficialmente para aclarar que la reforma digital busca transparencia fiscal, no vigilancia masiva ni acceso a hábitos personales de usuarios.
