El estado de Jalisco, bajo el liderazgo del gobernador Enrique Alfaro Ramírez, ha iniciado un proceso jurídico para abandonar el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, denunciando un trato injusto en la distribución de los recursos federales. Este anuncio fue acompañado por la presentación de iniciativas en el Congreso local para blindar constitucionalmente los sistemas estatales de educación y salud, asegurando que estos no puedan ser desmantelados por la Federación.
El gobernador calificó el sistema fiscal vigente como "anacrónico, inoperante e injusto", argumentando que este impone un régimen centralista que limita el desarrollo económico y social de los estados. En 2023, las participaciones federales destinadas a Jalisco se redujeron en 4,000 millones de pesos, y en 2024, la disminución fue de 3,600 millones de pesos. Según Alfaro, las propuestas de Jalisco para replantear su relación fiscal con la Federación fueron ignoradas, lo que obligó al estado a buscar una salida definitiva del pacto fiscal.
La propuesta de Jalisco incluye un nuevo esquema de coordinación fiscal que permita a los estados decidir libremente su adhesión al convenio y renegociar sus términos con la Federación. Además, se busca que las empresas tributen en los estados donde operan físicamente, evitando la concentración de ingresos en la Ciudad de México. También se plantea que el Fondo General de Participaciones alcance progresivamente el 30% de la recaudación federal participable, garantizando una redistribución equitativa.
En paralelo, Alfaro presentó iniciativas para blindar constitucionalmente los sistemas de salud y educación del estado. En materia de salud, se busca proteger la infraestructura y un presupuesto de 99,000 millones de pesos, asegurando que estos no pasen al control federal. Por otro lado, en educación, la propuesta salvaguarda el modelo Recrea Educar para la Vida, así como los fondos del Impuesto Sobre Nómina (ISN)…