La Inmovilización De Cuentas Bancarias No Requiere Notificación Previa Según El TFJA

El TFJA sostiene que el SAT puede inmovilizar cuentas bancarias sin notificar previamente al contribuyente, aunque surgen debates sobre los derechos afectados.

La inmovilización de cuentas bancarias es una medida para garantizar el cobro de créditos fiscales.

La inmovilización de cuentas bancarias es una medida que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) utiliza para garantizar el cobro de créditos fiscales. Esta facultad, establecida en el artículo 156 Bis del Código Fiscal de la Federación (CFF), permite al SAT restringir el acceso a los depósitos bancarios de los contribuyentes con adeudos fiscales. Sin embargo, no está explícitamente contemplado en la ley que deba notificarse previamente al contribuyente sobre el inicio de este procedimiento, lo que ha generado un amplio debate en torno a los derechos fundamentales de los contribuyentes.

En una reciente tesis publicada en octubre por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), con número de registro IX-P-2aS-411, se determinó que no es necesario notificar previamente al contribuyente antes de proceder con la inmovilización de sus cuentas bancarias. Según la tesis, la inmovilización no constituye un acto privativo que exija una audiencia previa, ya que el impacto jurídico principal en el patrimonio del contribuyente ocurre al momento de la determinación del crédito fiscal.

La tesis establece que la determinación del crédito fiscal es el acto que afecta directamente el patrimonio del contribuyente, siendo esta la etapa en la que se garantiza su derecho de audiencia. La inmovilización de cuentas bancarias es una medida complementaria, cuyo propósito es asegurar el cobro del adeudo y no imponer una nueva sanción. Posteriormente, se le notifica al contribuyente sobre la medida, momento en el cual se le brinda la oportunidad de impugnarla o presentar pruebas que permitan revertirla.

Si bien esta jurisprudencia proporciona un marco jurídico que respalda al SAT, también plantea inquietudes sobre el impacto económico que esta medida puede generar en los contribuyentes. En algunos casos, la inmovilización de cuentas puede provocar daños graves a la estabilidad financiera de las personas o empresas afectadas, incluso cuando el adeudo fiscal sea menor. Esto subraya la necesidad de evaluar si las normas actuales garantizan un equilibrio adecuado entre el interés del fisco y los derechos de los contribuyentes.

La posición del TFJA reafirma la validez de esta práctica por parte del SAT, pero también plantea interrogantes sobre si sería necesaria una reforma legislativa que contemple medidas más garantistas para los contribuyentes, como la obligación de una notificación previa antes de inmovilizar los depósitos bancarios. En un sistema fiscal donde el principio de justicia y equidad son esenciales, resulta crucial seguir analizando este tipo de resoluciones y su impacto en la relación entre contribuyentes y autoridades fiscales.

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