La SCJN Avala la Constitucionalidad del Procedimiento de Evaluación en Contrataciones Públicas

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional el artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que establece los lineamientos para evaluar proposiciones en licitaciones públicas. Este artículo exige que las evaluaciones se realicen atendiendo a los requisitos establecidos en la convocatoria y que se diseñen procedimientos y criterios específicos considerando las características, complejidad y magnitud de las obras.

El Tribunal señaló que este esquema es congruente con los principios de eficiencia, eficacia, economía, imparcialidad y honradez consagrados en el artículo 134 de la Constitución, orientando las contrataciones públicas hacia la obtención de las mejores condiciones económicas y de calidad en favor del Estado.

Se subrayó que un proceso de evaluación claro, transparente y detallado permite valorar las proposiciones bajo estándares uniformes, fomentando la competencia justa y eliminando cualquier posibilidad de favoritismo o discriminación. Esto asegura no solo precios competitivos, sino también la calidad y eficiencia de los trabajos, además de verificar la solvencia técnica y financiera de los participantes.

Interpretación del Alto Tribunal Sobre la Libertad Regulada
La Suprema Corte precisó que la libertad conferida a las autoridades licitantes para definir los procedimientos y criterios de evaluación no implica discrecionalidad absoluta. Estos mecanismos deben relacionarse directamente con el objeto de la licitación, excluir requisitos irrelevantes y enfocarse en garantizar la calidad y eficiencia del proyecto. Asimismo, no se consideró necesario establecer un catálogo de requisitos en la ley, ya que ello limitaría la flexibilidad necesaria para adaptarse a cada caso específico.

Impacto en la Transparencia y Eficiencia del Sistema de Contrataciones
La decisión refuerza la importancia de mantener procesos de licitación transparentes que fortalezcan la confianza en el uso de recursos públicos. El diseño de procedimientos claros, detallados y enfocados en resultados contribuye a crear un sistema de contrataciones más eficiente y efectivo, alineado con los objetivos constitucionales.

Con este fallo, la Suprema Corte busca eliminar la discrecionalidad y la corrupción, asegurando que las obras públicas se lleven a cabo bajo estándares que garanticen el mejor uso del dinero público y resultados óptimos para el Estado.

Amparo en Revisión 457/2024. Resuelto el 4 de diciembre de 2024, por unanimidad de cinco votos. Ponente: Ministra Loretta Ortiz Ahlf.