Magistrada Del TJA Nombra Interina Para Mantener el Control y Desobedece FallosEthel Maldonado nombra a una secretaria como magistrada interina, ignorando la reinstalación ordenada por el Congreso y un Tribunal Colegiado, en un intento por mantener la mayoría y la Presidencia del tribunal.
La magistrada designó a Laura Montelongo para ocupar funciones de magistrada, a pesar de una orden vigente que exige reinstalar a Rodrigo Maldonado Corpus.
En una maniobra que ha levantado cuestionamientos sobre la legalidad del actuar en el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) de Nuevo León, la magistrada Ethel Maldonado decidió designar a una secretaria como magistrada interina de la Sala Superior, en vez de acatar la orden de reinstalación del magistrado Rodrigo Maldonado Corpus. Esta acción se dio el mismo día en que Maldonado se autoproclamó presidenta del TJA al publicar su nombramiento en el Periódico Oficial del Estado.
Laura Alejandra Montelongo Martínez, quien se desempeñaba como Secretaria de Estudio y Cuenta, fue nombrada para cubrir temporalmente la vacante dejada por la renuncia del magistrado Roberto Rodríguez Garza. Este movimiento se justificó con base en el artículo 11 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León, que permite designaciones interinas. Sin embargo, dicho argumento pierde fuerza ante la existencia de una suspensión definitiva otorgada por un Tribunal Colegiado a favor de Maldonado Corpus, quien incluso ha continuado recibiendo sueldo sin desempeñar funciones.
El Congreso local había votado ese mismo 2 de septiembre para formalizar la reinstalación del magistrado. A pesar de ello, la magistrada Maldonado ignoró la resolución legislativa y judicial, lo que podría representar un doble desacato. Esta decisión fue interpretada por fuentes internas del tribunal como una estrategia para conservar el control político del órgano colegiado, ya que al sumar a la magistrada Karla Rodríguez, se consolidaría una mayoría en la Sala Superior que favorecería los intereses afines a Movimiento Ciudadano.
Además del posible desacato, la funcionaria nombrada podría incurrir en usurpación de funciones si firma resoluciones sin contar con la validación legal correspondiente. Hasta el momento, no se ha reportado ninguna sesión formal con esta nueva conformación, lo que incrementa la incertidumbre jurídica en torno a las decisiones que pueda emitir la Sala Superior.
La permanencia de Ethel Maldonado como presidenta también es objeto de controversia, ya que ocupó dicho cargo entre 2022 y 2024, y la normativa vigente no permite la reelección inmediata. Su reanudación en la Presidencia, sin un proceso de votación formal, profundiza el conflicto institucional en uno de los tribunales clave para la vida pública del estado.
Este episodio refleja un uso estratégico del aparato judicial con fines políticos, al ignorar resoluciones de otros poderes del Estado. La falta de respeto a los contrapesos institucionales y la posibilidad de decisiones tomadas sin legitimidad ponen en riesgo la confianza pública y la legalidad de los actos del TJA en procesos clave que afectan tanto al Gobierno estatal como a los municipios.
