Ministros de la SCJN Enfrentan Conflicto por el Control de las Finanzas del Poder Judicial

La SCJN debate la designación anticipada de integrantes del nuevo Órgano de Administración Judicial, lo que genera tensiones entre los ministros.

La Corte enfrenta un nuevo conflicto interno por el manejo de los recursos del Poder Judicial.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha entrado en una disputa interna al revisar la designación de tres integrantes del Órgano de Administración Judicial (OAJ), instancia que, a partir del 1 de septiembre, asumirá el control de los recursos financieros y administrativos del Poder Judicial de la Federación (PJF), actualmente bajo la gestión del Consejo de la Judicatura Federal.

Las ministras Lenia Batres Guadarrama y Loretta Ortiz Ahlf han manifestado su oposición a la decisión del Pleno de la SCJN de adelantar estos nombramientos. Ambas argumentan que la reforma judicial vigente desde el 16 de septiembre de 2024 establece que la designación de los miembros del OAJ corresponde a los futuros ministros electos por voto popular y no a la administración actual encabezada por Norma Piña Hernández.

La ministra Batres sostuvo que esta designación anticipada podría representar un intento de perpetuar el control sobre los recursos del Poder Judicial, al tiempo que podría impedir auditorías sobre el manejo financiero actual. Aseguró que esta acción podría encubrir irregularidades en la administración de los recursos públicos asignados a la SCJN.

Por su parte, Loretta Ortiz declaró que votará en contra de la medida, ya que la Constitución establece que los integrantes del OAJ deben ser nombrados a partir del 1 de septiembre de 2025. Ambas ministras han sido las únicas en pronunciarse en contra hasta el momento.

El OAJ estará compuesto por cinco miembros, de los cuales tres serán designados por la SCJN, uno por el Senado y uno por la titular del Ejecutivo federal, con un periodo de permanencia de seis años.

El acuerdo sobre estas designaciones iba a ser votado en sesión privada, pero la decisión se pospuso debido a la ausencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, ya que para su aprobación se requiere una mayoría calificada de ocho votos de los diez ministros.

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