Morena Propone Eliminar El Fuero A Diputados Y Gobernadores

Alfonso Ramírez Cuéllar argumenta que el fuero es un privilegio injustificado que genera impunidad y descontento social, por lo que plantea su eliminación.

La iniciativa de Morena busca evitar el uso del fuero como escudo de impunidad.

Morena ha anunciado una propuesta para eliminar el fuero constitucional de diputados y gobernadores, con el objetivo de terminar con un privilegio que consideran injustificado y que fomenta la impunidad. Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador del partido en la Cámara de Diputados, aseguró que esta figura solo ha servido para proteger a servidores públicos de sus responsabilidades legales, generando descontento entre la población.

El legislador señaló que los casos de Alejandro Moreno Cárdenas y Cuauhtémoc Blanco Bravo, actualmente investigados, deben resolverse sin necesidad de un juicio de procedencia, por lo que instó a ambos a renunciar a su inmunidad y presentarse voluntariamente ante el Ministerio Público. Además, destacó que la Sección Instructora de la Cámara de Diputados votará sobre la solicitud de desafuero de Blanco, quien enfrenta una denuncia por intento de violación.

El proyecto de Morena, según Ramírez Cuéllar, no busca favorecer ni perjudicar a nadie en particular, sino erradicar un mecanismo que, en su opinión, solo ha servido para proteger a servidores públicos de sus responsabilidades legales. Enfatizó que una verdadera justicia implica que todos los ciudadanos sean tratados por igual ante la ley, sin distinción de cargo público.

Además, Morena cabildea esta reforma con otras bancadas, convencido de que ningún partido político debería defender el fuero, ya que representa un trato especial que no tiene justificación. Ramírez Cuéllar destacó que, a diferencia de 2020, cuando la Cámara de Diputados mantuvo el fuero para legisladores pero lo limitó para el presidente, ahora Morena y sus aliados cuentan con los votos necesarios para suprimirlo por completo.

La iniciativa deja a salvo la protección constitucional de los legisladores en el ejercicio de su actividad parlamentaria, garantizando la inviolabilidad de sus opiniones y participaciones en tribuna, así como la protección de los recintos parlamentarios. Sin embargo, plantea que cualquier otro acto fuera de su función pública no debería estar exento de la aplicación de la ley.

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