En 2022, la Cámara de Diputados aprobó una serie de reformas dirigidas a proteger los derechos laborales de las personas trabajadoras del hogar, incluyendo la obligación de los empleadores de registrarlas en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Esta normativa busca garantizar su acceso a la seguridad social, incluyendo servicios médicos y prestaciones, al igual que cualquier otro trabajador formal.
Sin embargo, el incumplimiento de esta obligación puede acarrear multas y sanciones considerables para los empleadores. Entre las posibles sanciones económicas se encuentran montos que van desde 20 hasta 350 salarios mínimos, dependiendo de la gravedad del incumplimiento. Algunas de las situaciones que pueden ser sancionadas incluyen: no registrarse como patrón ante el IMSS, no inscribir a las personas trabajadoras del hogar, proporcionar información falsa o no notificar cambios en el salario de las trabajadoras.
Además de las sanciones económicas, la Ley del Seguro Social contempla penas de prisión para quienes cometan fraude contra el sistema. Estas penas pueden variar según el monto defraudado. Por ejemplo, si el monto defraudado no supera los 13,000 salarios mínimos diarios vigentes en la Ciudad de México, la pena puede ser de 2 a 5 años de prisión. Si el monto…
Afiliar a las trabajadoras del hogar al IMSS es obligatorio desde 2022.
