Obligaciones Para las Aseguradoras PrivadasLas aseguradoras privadas tienen la responsabilidad constitucional de proteger los derechos de los consumidores, según lo establece el artículo 28 de la Constitución. Esta protección es fundamental para garantizar un mercado justo y equitativo.
Las aseguradoras deben brindar información completa y transparente a sus clientes, además de cerciorarse de que sus servicios cumplan con la legislación vigente.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha reafirmado y ampliado las obligaciones de las aseguradoras privadas en México con respecto a la protección de los derechos de los consumidores. La Primera Sala de la SCJN determinó que el artículo 28 de la Constitución Federal, que trata sobre la protección de los consumidores, también se aplica de manera explícita a las empresas que brindan servicios financieros, especialmente a las aseguradoras. Esta medida surge en un contexto donde la claridad y transparencia en los servicios de seguros es esencial para proteger los intereses y los derechos de los usuarios.
El párrafo tercero del artículo 28 de la Constitución Federal establece que la ley debe proteger a los consumidores y promover su organización para el mejor cuidado de sus intereses. En este sentido, la SCJN resalta que la protección al consumidor no es solo una norma general, sino un derecho fundamental que persigue la eliminación de asimetrías en el proceso de consumo, así como la defensa de los usuarios de servicios financieros. Por lo tanto, las aseguradoras, como entidades expertas en su actividad, tienen un papel crucial en garantizar que los consumidores reciban un trato justo y se beneficien de una oferta de servicios transparente y acorde a sus necesidades.
Las obligaciones específicas que las aseguradoras deben cumplir son:
En primer lugar, brindar información clara, completa y sencilla. Las aseguradoras deben proveer a sus clientes toda la información necesaria sobre el seguro que ofrecen, lo cual incluye detalles sobre los términos, las condiciones, exclusiones y cualquier otra cláusula relevante contenida en el contrato. Esto implica una comunicación efectiva, evitando tecnicismos excesivos que puedan llevar a la confusión. La transparencia es clave para que el cliente comprenda completamente el producto que está adquiriendo, lo que fortalece la relación contractual y evita futuros conflictos.
Otra obligación es verificar que el seguro ofrecido sea pertinente para las necesidades del cliente. Las aseguradoras deben asegurarse de que los productos y servicios que brindan se ajusten a las características y expectativas de sus clientes. No se trata simplemente de vender una póliza, sino de confirmar que el seguro proporcionado realmente cumple con la protección y beneficios que el cliente requiere. Este enfoque de “cliente primero” ayuda a crear un ambiente de confianza y responsabilidad entre las partes involucradas.
Las aseguradoras también deben cerciorarse de que las cláusulas de sus contratos correspondan cabalmente con la legislación aplicable y con las mejores prácticas del sector. Esto significa que no solo deben cumplir con los requisitos mínimos legales, sino también incorporar principios éticos y buenas prácticas reconocidas en el ámbito asegurador. Además, las cláusulas deben estar redactadas de manera que reflejen claramente las condiciones del contrato, evitando ambigüedades que puedan dar lugar a interpretaciones erróneas o a una mala aplicación de los términos acordados.
Adicionalmente, las empresas aseguradoras tienen que asegurarse de que sus cláusulas cumplan con lo previsto en la norma que exige la obligatoriedad del seguro conforme al artículo 28 de la Constitución Federal. Esto incluye la observancia de todos los estándares regulatorios y de calidad que deben seguirse en la prestación de servicios de seguros, de modo que los consumidores reciban un producto adecuado y seguro.
Finalmente, la jurisprudencia emitida por la SCJN subraya que el cumplimiento de estas obligaciones por parte de las aseguradoras constituye un beneficio directo para los clientes y un deber que recae en la autoridad jurisdiccional. Las autoridades deben intervenir para brindar una tutela efectiva de los derechos de los consumidores frente a las aseguradoras privadas en caso de que estas no cumplan con sus obligaciones. Así, se busca proteger a los consumidores de prácticas comerciales injustas y garantizar que sus derechos sean respetados por las entidades financieras.
Esta decisión de la SCJN refuerza la importancia de la regulación y supervisión en el sector asegurador para asegurar que las compañías cumplan con su papel como protectoras y garantes de los derechos de los consumidores. También envía un mensaje claro a las aseguradoras sobre la necesidad de actuar con transparencia, responsabilidad y profesionalismo, priorizando las necesidades y expectativas de sus clientes.





