Prisión Preventiva Oficiosa: De Cinco a 22 Delitos en 16 AñosDesde su creación en 2008, el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva automática ha crecido de cinco a 22.
La ampliación del catálogo de delitos para prisión preventiva sigue generando debate.
El catálogo de prisión preventiva oficiosa en México, creado en 2008 como respuesta a la lucha contra el narcotráfico, ha aumentado de cinco a 22 delitos en un lapso de 16 años. Esta medida fue concebida inicialmente para abordar delitos graves como delincuencia organizada, secuestro y homicidio, pero su uso se ha extendido considerablemente.
La prisión preventiva oficiosa permite al Ministerio Público solicitar al juez la detención inmediata de los sospechosos de ciertos delitos, bajo el argumento de evitar la “puerta giratoria”. Sin embargo, esta figura ha sido duramente criticada por organismos internacionales como la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debido a su impacto en los derechos humanos y la presunción de inocencia.
En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se impulsó una reforma al artículo 19 de la Constitución, aumentando el catálogo de delitos en 2018. Actualmente, el artículo incluye delitos como violencia sexual contra menores, feminicidio, corrupción, robo de transporte de carga, delitos relacionados con armas de uso exclusivo del Ejército y huachicol, entre otros. En 2024, Morena agregó tres nuevos delitos: extorsión, tráfico de fentanilo y falsificación de comprobantes fiscales, sumando 22 delitos en total.
La medida nació bajo un consenso multipartidista en 2008, involucrando al entonces presidente Felipe Calderón y a legisladores del PRI, PRD y la izquierda. El objetivo inicial era combatir la impunidad y fortalecer la confianza en las instituciones de justicia. Calderón señaló en su momento que “la sociedad debe sentir la certeza de que, ante la comisión de un delito, se impondrá una sanción proporcional”.
Actualmente, el gobierno de Claudia Sheinbaum defiende la ampliación del catálogo como una herramienta para enfrentar la creciente criminalidad. No obstante, el debate sobre la constitucionalidad de esta medida sigue vigente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con proyectos de ministros que buscan declararla inconstitucional. La discusión refleja la tensión entre garantizar la seguridad y proteger los derechos fundamentales en un país marcado por altos índices de violencia.
