El 15 de noviembre de 2024, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma constitucional destinada a fortalecer la igualdad sustantiva en México. Esta modificación incluye cambios en los artículos 4, 21, 41, 73, 116, 122 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El objetivo central de esta reforma es garantizar que el Estado asegure la igualdad sustantiva de las mujeres, promoviendo un entorno de justicia social y equidad en todo el país.
Entre los puntos más destacados de esta reforma se encuentra la obligación del Estado de garantizar el derecho a una vida libre de violencia, con énfasis particular en la protección de mujeres, niñas y niños. Además, se establece el principio de paridad de género en los nombramientos de los titulares de la administración pública en todos los niveles de gobierno, lo que asegura una representación equilibrada entre hombres y mujeres.
En materia de justicia, se otorgará a las autoridades federales la facultad de intervenir en casos de delitos del fuero común relacionados con violencia de género. Asimismo, los estados deberán crear fiscalías especializadas en esta materia, reforzando los mecanismos de atención y prevención. Estas medidas buscan garantizar que las víctimas reciban un trato justo y acceso a la justicia en igualdad de condiciones.
El decreto también incluye la obligación para el Congreso de la Unión y las legislaturas estatales de realizar las modificaciones legales necesarias para implementar esta reforma. Esto refleja el compromiso del país con el cumplimiento de estándares internacionales en materia de derechos humanos y equidad de género, como lo establece el Protocolo de San Salvador y la Constitución Federal.
Con estos cambios, México da un paso trascendental hacia la protección de los derechos de las mujeres y la construcción de un entorno equitativo…
La reforma garantiza derechos fundamentales de igualdad sustantiva en todo México.
La SCJN protege el acceso a la justicia eliminando requisitos innecesarios.
La SCJN refuerza la constitucionalidad de las sanciones por defraudación fiscal equiparada.
La Suprema Corte defiende el derecho de personas con discapacidad a decidir sobre su internamiento.