¿Qué es la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU)?

El derecho a la PTU está fundamentado en el artículo 123 de la Constitución y desarrollado en la LFT. El artículo 117 de la LFT establece que todos los trabajadores tienen derecho a participar en las utilidades generadas por su empresa. La LFT también especifica los plazos, procedimientos y excepciones a este derecho, brindando un marco jurídico claro para proteger los derechos laborales en esta materia.

El artículo 120 de la LFT dispone que las empresas deben repartir el 10% de sus utilidades netas anuales entre sus empleados, y el artículo 122 establece que este reparto debe realizarse dentro de los 60 días posteriores a la presentación de la declaración anual de impuestos de la empresa ante el SAT.

El reparto de utilidades se realiza en dos partes:

Días laborados: El 50% de las utilidades se reparte en función del número de días trabajados por cada empleado durante el año fiscal, incluyendo los días de descanso y vacaciones.

Salarios devengados: El 50% restante se distribuye según el salario devengado por cada trabajador. Los empleados que perciben un salario más alto reciben una mayor participación en esta parte del reparto.

Un aspecto clave en este cálculo es que se deben considerar únicamente las utilidades fiscales netas, es decir, las utilidades que la empresa reporta una vez que se han deducido los impuestos correspondientes.

El pago de la PTU debe realizarse antes del 30 de mayo de cada año para las personas morales (empresas) y antes del 29 de junio para las personas físicas con actividad empresarial, conforme a lo señalado en el artículo 122 de la LFT.

De acuerdo con el artículo 127 de la LFT, tienen derecho a recibir la PTU los empleados que hayan trabajado al menos 60 días en el año fiscal en curso y cuya empresa haya generado utilidades netas superiores a $300,000 pesos. Sin embargo, existen excepciones, como:

Directores, gerentes generales y socios: No tienen derecho a recibir la PTU.

Empresas de nueva creación: Las empresas de reciente creación, durante el primer año de operaciones, no están obligadas a repartir utilidades.

Empresas con actividades no lucrativas: Instituciones de asistencia privada, entre otras entidades sin fines de lucro, tampoco están obligadas a pagar PTU.

La LFT también establece una serie de excepciones para la distribución de utilidades. En el artículo 126, se especifica que no tienen obligación de repartir utilidades las empresas de reciente creación dedicadas a la elaboración de un producto nuevo durante los primeros dos años de operación, así como instituciones de asistencia privada sin fines de lucro, entre otros casos.

El pago de la PTU es un gasto deducible para la empresa, lo que significa que se puede restar de los ingresos para efectos de calcular el impuesto sobre la renta (ISR). Sin embargo, para los empleados, el monto que reciben como PTU está sujeto a impuestos, por lo que deben pagar ISR por esta percepción.

En caso de que los empleados consideren que la empresa no les ha pagado la PTU de manera justa o correcta, tienen el derecho de inconformarse ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), tal como lo establece el artículo 123 de la Constitución y el artículo 121 de la LFT.

La PTU es un derecho fundamental en el ámbito laboral mexicano que busca distribuir de manera equitativa los beneficios económicos de una empresa. Es esencial para los trabajadores y empleadores conocer los requisitos, procedimientos y excepciones que establece la ley para garantizar el cumplimiento de esta obligación. El reparto de utilidades no solo contribuye a mejorar la economía personal de los trabajadores, sino que también fortalece la relación entre empleadores y empleados, promoviendo una mayor justicia social en el ámbito laboral.