Relevancia De Los Contratos Para El SAT

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha intensificado la verificación de la materialidad de las operaciones, exigiendo a los contribuyentes que acrediten la existencia real de sus transacciones para que los gastos puedan ser deducibles. Esto responde a la estrategia del gobierno de incrementar la recaudación sin subir impuestos, estableciendo requisitos más estrictos para la deducción de gastos.

Desde 2020, las modificaciones al Código Fiscal de la Federación (CFF) han reforzado la exigencia de que las transacciones tengan materialidad, justificación de negocio y sustancia económica, elementos que el SAT analiza en auditorías fiscales. Esto es especialmente relevante en contratos relacionados con prestación de servicios, préstamos y operaciones entre partes vinculadas.

Para que un gasto pueda deducirse, el SAT requiere que:

Esté vinculado directamente con la actividad principal del contribuyente, conforme a su objeto social y constancia de situación fiscal. Sea necesario para el desarrollo de su negocio y su continuidad. Su falta afecte de manera significativa la operación de la empresa. Proporcione un beneficio tangible y medible. El monto sea razonable y proporcional en relación con la actividad del contribuyente.

Cuando se trata de servicios prestados, el SAT exige requisitos adicionales:

El proveedor debe contar con infraestructura, personal y activos adecuados para la prestación del servicio. El contribuyente debe conservar documentos que evidencien que el servicio fue efectivamente realizado.

Uno de los errores más frecuentes que llevan al SAT a rechazar deducciones es la falta de documentación adecuada. Si un contrato no incluye cláusulas que respalden la materialidad, la justificación de negocio y la sustancia económica, el gasto puede ser considerado improcedente.

Un contrato correctamente estructurado debe incluir anexos que fortalezcan la operación, además de contar con fecha cierta, lo que lo convierte en una prueba idónea en auditorías, litigios administrativos o procesos penales-fiscales. Esto cobra especial importancia en contratos de servicios, préstamos de dinero y operaciones entre entidades relacionadas.

El procedimiento de presunción de inexistencia de operaciones, establecido en el Artículo 69-B del CFF, permite al SAT suponer que una operación es ficticia si el contribuyente no cuenta con infraestructura, personal o capacidad operativa para realizarla. Ante esta situación, el contribuyente debe demostrar lo contrario.

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que cuando el SAT presume la inexistencia de una operación, el contribuyente tiene la carga de probar que sí posee los medios para llevarla a cabo. Esto refuerza la importancia de contar con documentación adecuada, especialmente contratos que acrediten la materialidad, la justificación de negocio y la sustancia económica de las operaciones.

El SAT revisa la contabilidad de manera integral, verificando que todos los documentos financieros, fiscales y contables sean coherentes. Durante una auditoría, puede solicitar:

Información sobre la actividad económica registrada. CFDI de los gastos deducidos y su justificación. Pruebas de pago, estados de cuenta y conciliaciones bancarias. Documentación complementaria, como contratos con anexos. Avisos ante el SAT sobre actualizaciones de accionistas y beneficiarios.

Para evitar sanciones, todos los documentos fiscales y contables deben estar alineados, sin presentar contradicciones que puedan dar lugar a observaciones del SAT.

Tener una documentación adecuada es clave para evitar riesgos fiscales y asegurar la procedencia de las deducciones. Los contratos son una herramienta fundamental para soportar la deducción de un gasto, siempre que incluyan cláusulas que acrediten materialidad, justificación de negocio y sustancia económica.

Las empresas deben asegurarse de que su contabilidad esté actualizada y cumpla con los requisitos del SAT, evitando inconsistencias que puedan generar riesgos fiscales.

Los contratos no solo documentan relaciones comerciales, sino que también son analizados por las autoridades fiscales y los tribunales para evaluar su validez en la deducción de gastos.