La práctica de la gestación sustituta plantea complejos desafíos jurídicos y éticos. En México, su regulación aún no es uniforme a nivel federal, lo que ha generado casos controvertidos en los que la protección de los derechos de la infancia y la mujer gestante debe armonizarse con la inexistencia jurídica de contratos irregulares.
Recientemente, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) abordó un caso en el que una pareja había celebrado un contrato de gestación sustituta con una mujer, pero dicho acuerdo no cumplía con los requisitos legales exigidos por el Código Civil local. Tras el nacimiento de la menor, el Registro Civil negó la inscripción de la niña con los apellidos de la pareja, debido a que el contrato carecía de formalidades como la celebración ante notario público o la autorización judicial correspondiente.
La pareja promovió un juicio de amparo indirecto, y aunque el Juzgado de Distrito concedió la protección, la directora del Registro Civil impugnó la sentencia argumentando que el contrato no era jurídicamente válido. Ante la importancia del asunto, la SCJN decidió atraer el caso para su estudio.
La Corte determinó que el contrato era jurídicamente inexistente por no…