En el sistema procesal mexicano, el funcionario conocido como secretario de acuerdos ha sido visto tradicionalmente como un auxiliar judicial encargado principalmente de certificar actuaciones. La pregunta que surge es si dicho fedatario puede ser considerado como autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, lo que implica suponer que dictó, ordenó, ejecutó o omitió un acto que crea, modifica o extingue una situación jurídica, según lo previsto por el artículo 5, fracción II de la Ley de Amparo.
Un caso concreto analizado por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito involucró a una persona que promovió amparo directo contra una sentencia en juicio ejecutivo mercantil, identificando como autoridades responsables tanto al actuario como a la secretaria de acuerdos del juzgado. La quejosa argumentó que las certificaciones relativas a plazos, emitidas por dicha secretaria, afectaron su derecho de defensa al ser desechadas promociones presentadas dentro del término correspondiente.
El tribunal concluyó que las funciones del secretario o secretaria de acuerdos no equivalen a un acto de autoridad conforme a la ley. Las certificaciones que emite son meras constancias con fe pública, sin que por sí solas determinen la creación, modificación o extinción de derechos u obligaciones…
Al no dictar decisiones que afecten directamente derechos, las actuaciones del secretario de acuerdos se entienden como constancias y no como actos de autoridad impugnables.
