Estado de los Derechos Humanos y Libertad de Expresión en el Sexenio Actual

Este martes se presentó un informe sobre el estado de los derechos a la libertad de expresión e información durante el sexenio actual. El informe, que se divide en cinco ejes: transparencia y derecho a la información, derechos digitales, violencia contra la prensa, derecho a la verdad y la situación de las instituciones que garantizan derechos humanos, ofrece un panorama desolador basado en documentación y datos duros.

El acceso a la información ha sufrido retrocesos significativos. La mayoría parlamentaria en el Senado paralizó al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) durante cinco meses al omitir el nombramiento de tres comisionados, situación que persiste hasta la fecha. Durante el sexenio de Peña Nieto, la Administración Pública Federal recibió 42,631 impugnaciones por negativas a brindar información, mientras que en el actual gobierno esa cifra ascendió a 82,147, un incremento del 92%.

El Programa Sembrando Vida fue examinado como un ejemplo de la falta de información básica en los programas sociales, como presupuesto, entrega de recursos, reglas de operación y requisitos para los beneficiarios. En el caso de la atención a emergencias climáticas, se concluyó que el derecho a la información no está garantizado durante desastres naturales, a pesar de que debería ser una prioridad para reducir la vulnerabilidad de la población.

Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se registraron 3,408 agresiones contra la prensa, lo que equivale a un promedio de una agresión cada 14 horas en los últimos seis años, incluidos los asesinatos de al menos 46 periodistas y cuatro desaparecidos. Este total representa un incremento del 62.13% en comparación con el sexenio de Enrique Peña Nieto. Las agresiones incluyen campañas de desprestigio con 248 eventos y actos de acoso judicial con 158 casos. La impunidad alcanza el 89% de los casos bajo investigación, lo que invita a continuar con estas agresiones.

En el ámbito digital, aunque en diciembre de 2018 se anunció el fin del espionaje, la administración de AMLO continuó con la adquisición y operación de equipos espía sofisticados. La investigación “Ejército espía” reveló el uso del sistema Pegasus contra defensores de derechos humanos y periodistas durante el sexenio actual. Además, el acceso a dispositivos e internet ha retrocedido, con solo el 43.8% de los hogares contando con computadoras, una situación preocupante comparada con el 44.9% de 2015. En un contexto de falta de servicios básicos, el acceso a internet se ha convertido en un privilegio para la población en situación de pobreza, representando el 8.6% de su ingreso mensual.

La garantía del derecho a la verdad, cuyo núcleo es el derecho a la información, fue una gran decepción de este gobierno. El presidente se distanció de las víctimas, cuando no las denostó abiertamente. La realidad de desapariciones sigue aumentando, con 44,073 personas desaparecidas desde el 1 de diciembre de 2018 hasta agosto de 2023. Esto significa que más del 40% del total de desapariciones reportadas desde 1965 ocurrieron durante el actual gobierno. En estos seis años, un promedio de 25 personas ha desaparecido cada día, una cada hora.

A esto se suma la disolución de esfuerzos como el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, el Centro Nacional de Identificación Humana, la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa y la Comisión de la Verdad para Violaciones Graves a Derechos Humanos cometidas de 1965 a 1990. Esta última se mantiene activa gracias al compromiso de las personas comisionadas, a pesar de los obstáculos del Ejército para acceder a archivos de la época. La erosión de instituciones públicas creadas para garantizar derechos se ha acentuado, con franca cooptación (Comisión Nacional de los Derechos Humanos), parálisis (Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas), ataques permanentes (INAI) o ineficiencia (Fiscalía General de la República y fiscalías locales). Durante el sexenio, el presupuesto de SEDENA fue seis veces mayor que el de todas las instituciones referidas.

En resumen, la situación de los derechos humanos, y en particular de los derechos a la libertad de expresión e información, no solo no mejoró, sino que empeoró. El informe busca ser un diagnóstico para construir una hoja de ruta de cara al gobierno de Claudia Sheinbaum. Para ello, es esencial restaurar puentes con las víctimas y abrir un diálogo honesto antes de que el país se siga desgarrando por la violencia y la pérdida progresiva de derechos.