Estados De Cuenta Bancarios: ¿Pruebas Suficientes Para Acreditar La Defraudación Fiscal?La obtención de pruebas para acreditar delitos fiscales sigue siendo un tema polémico en el ámbito penal. Recientemente, el Tribunal Colegiado de Circuito resolvió un caso clave sobre el valor probatorio de los estados de cuenta bancarios utilizados para demostrar el delito de defraudación fiscal.
La validez de los estados de cuenta bancarios en delitos fiscales es un tema clave en la justicia penal.
En el derecho penal, la validez de las pruebas es fundamental para garantizar un proceso justo. En el caso específico del delito de defraudación fiscal equiparable, previsto en el artículo 109 del Código Fiscal de la Federación (CFF), el Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito determinó que los estados de cuenta bancarios obtenidos por la Administración Local de Auditoría Fiscal (ALAF) no tienen valor probatorio en el proceso penal si no fueron solicitados por el Ministerio Público (MP).
El criterio del tribunal establece que la ALAF no tiene facultades para obtener pruebas bancarias con fines penales, ya que su función está limitada a la fiscalización administrativa. Esta limitación busca proteger el principio de legalidad y la presunción de inocencia, evitando que pruebas obtenidas con fines fiscales sean utilizadas directamente en procesos penales sin la debida intervención del Ministerio Público.
En un caso reciente, el quejoso impugnó una sentencia condenatoria argumentando que los estados de cuenta bancarios, usados como base para su condena, fueron obtenidos por la ALAF de manera ilícita, sin la intervención del Ministerio Público y en violación del artículo 21 constitucional, que asigna la investigación de delitos exclusivamente al Ministerio Público. El tribunal le dio la razón, señalando que estas pruebas eran inválidas, ya que la ALAF carece de facultades para colaborar en la obtención de datos de prueba penal.
Por otro lado, la autoridad demandada, representada por el Ministerio Público de la Federación, argumentó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tiene facultades para solicitar información bancaria a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) con fines de verificación y fiscalización tributaria, y que la colaboración con el MP en estos casos es legítima. Sin embargo, el tribunal determinó que el uso de estas pruebas en un proceso penal sin la intervención del MP vulnera los derechos del acusado y carece de validez probatoria.
Decisión Del Tribunal
El tribunal concluyó que los estados de cuenta bancarios obtenidos por la ALAF son pruebas ilícitas en el contexto penal, ya que no fueron solicitados por la autoridad competente para la investigación de delitos. La obtención de información bancaria para fines fiscales no puede extenderse automáticamente a un procedimiento penal, a menos que se cumplan las formalidades establecidas por la ley.
Este criterio representa un avance significativo en la protección de los derechos de los contribuyentes, ya que establece límites claros en el uso de pruebas obtenidas por las autoridades fiscales. También resalta la importancia de la colaboración institucional, asegurando que cada entidad actúe dentro de sus facultades legales.
El caso es un recordatorio para las autoridades fiscales y el Ministerio Público sobre la necesidad de respetar el marco legal en la obtención de pruebas. Para los contribuyentes, esta decisión subraya la importancia de conocer sus derechos y asegurarse de que las pruebas utilizadas en su contra hayan sido obtenidas de manera legítima.
