Con la entrada en vigor de la reforma a la Ley Antilavado publicada el 16 de julio de 2025 y vigente desde el día siguiente, el marco jurídico mexicano se ajusta para combatir con mayor fuerza el financiamiento al terrorismo, al mismo nivel que el lavado de dinero. Esta modificación responde a compromisos internacionales y presiones externas, principalmente de Estados Unidos, para fortalecer los mecanismos de identificación y control financiero.
Entre los cambios más relevantes, se redefine el umbral del Beneficiario Controlador, bajando de 50 % a 25 % de participación o control, y se le equipara con los conceptos de beneficiario final y propietario real. Se incorpora además la categoría de Persona Políticamente Expuesta con obligaciones reforzadas de monitoreo, y se crea la figura del Representante Encargado del Cumplimiento, con independencia funcional y capacitación obligatoria anual.
Las actividades vulnerables también se amplían para incluir operaciones con activos virtuales realizadas desde el extranjero por mexicanos, desarrollos inmobiliarios desde la captación de recursos, y transacciones a través de fideicomisos.
Las empresas sujetas a esta ley deberán identificar a sus clientes, usuarios y beneficiarios, conservar registros por al menos 10 años, implementar auditorías periódicas, contar con sistemas automáticos de monitoreo, crear manuales internos de…
Estos límites en efectivo aplican a actividades consideradas vulnerables y su incumplimiento puede derivar en sanciones administrativas.
