Recientemente, ha surgido un intenso debate sobre el impacto económico de la reforma judicial propuesta por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Este debate ha resonado en diversos sectores empresariales, donde se evalúan las posibles consecuencias que esta reforma podría tener sobre el Estado de Derecho y la certidumbre de las inversiones en México.
La racionalidad económica sugiere que, ante una amenaza significativa a la certeza jurídica, los inversionistas deberían estar en alerta máxima. Sin embargo, el tipo de cambio del peso frente al dólar se mantuvo estable, cerrando recientemente en 17.61 pesos por dólar. Esta aparente calma en el mercado cambiario podría interpretarse de varias maneras.
Algunos analistas sugieren que las empresas no comprenden completamente las implicaciones de la reforma judicial. Otros hacen una comparación con la situación de Venezuela durante las primeras etapas del gobierno de Hugo Chávez, advirtiendo que la tolerancia al gobierno de Claudia Sheinbaum podría llevar a un escenario similar al de Nicolás Maduro. Sin embargo, la mayoría de las empresas importantes en México descartan esta comparación, entendiendo que el contexto político y económico mexicano es distinto al venezolano.
El principal reclamo de los críticos de la reforma judicial es que eliminaría las garantías para la propiedad privada, permitiendo expropiaciones sin defensa legal. Sin embargo, la historia reciente muestra que expropiaciones importantes, como la de los ingenios durante el gobierno de Vicente Fox, no han sido comunes en México.
Un directivo de una empresa internacional comentó que, sea cual sea la reforma judicial, eventualmente se normalizará. Señaló que el sistema judicial en México, con sus vicios y virtudes, depende en gran medida de los secretarios y el personal operativo que elaboran los proyectos y dictámenes, más que de los propios ministros, magistrados y jueces.
Aunque se debate la elección popular de jueces, magistrados…
Empresarios expresan su preocupación por la reforma judicial y su impacto en el entorno económico y legal en México.
