La Discrecionalidad de la Autoridad Fiscal en Consultas de Bases de Datos de Contribuyentes

Dentro del ámbito fiscal en México, una de las facultades relevantes para las autoridades es la capacidad de realizar consultas en las bases de datos de los contribuyentes. Esta facultad de acceso a la información, con miras a investigar aspectos de cumplimiento, se encuentra fundamentada en el artículo 63 del Código Fiscal de la Federación (CFF). Este artículo especifica que las resoluciones fiscales deben contar con motivación, lo cual implica la obligación de justificar los hechos y evidencias que respaldan una decisión. Sin embargo, la ley no detalla con precisión cómo deben realizarse estas consultas ni el grado de especificidad que se debe observar en la fundamentación de tales actos.

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), en la tesis IX-P-SS-397, ha señalado recientemente que el artículo 63 del CFF no obliga a las autoridades a precisar cada disposición normativa que ampare sus consultas a bases de datos. Esto significa que, en la práctica, la autoridad fiscal puede llevar a cabo estas consultas sin la necesidad de enumerar cada norma específica, siempre y cuando la resolución final esté debidamente fundamentada en los hechos que respaldan la decisión.

Esta interpretación ofrece a la autoridad una mayor flexibilidad en el manejo de información, permitiéndole realizar investigaciones con mayor rapidez y eficiencia sin detenerse en formalismos exhaustivos. Esto facilita que la autoridad acceda a una gran cantidad de datos relevantes para tener una visión integral de la situación fiscal de cada contribuyente. No obstante, para los contribuyentes, esta discrecionalidad puede implicar obstáculos al momento de presentar impugnaciones, ya que la falta de detalle en la fundamentación limita la claridad sobre los motivos específicos de las decisiones fiscales. Esto se traduce en un proceso de defensa más complejo para el contribuyente, quien podría enfrentar dificultades al intentar demostrar sus argumentos.

En términos de ventajas, este enfoque favorece a la autoridad fiscal al permitirle actuar con mayor agilidad y alcance en sus investigaciones, evitando detenerse en tecnicismos que podrían retrasar el cumplimiento de sus objetivos. Sin embargo, para los contribuyentes, la discrecionalidad puede percibirse como una falta de transparencia en el proceso, pues dificulta la comprensión total de las resoluciones y la formulación de una defensa sólida en caso de desacuerdos. La situación plantea un desafío en cuanto a encontrar un equilibrio entre la eficiencia en la administración fiscal y el respeto a los derechos del contribuyente, garantizando que tanto el cumplimiento de la ley como el debido proceso se mantengan en todas las etapas del procedimiento.