Nueva Obligación Para Inmobiliarias: Verificar el Origen de Fondos

Las reformas al artículo 17, fracción IV, de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Antilavado) han modificado significativamente el papel de los asesores inmobiliarios en México. A partir de ahora, estos profesionales están obligados a investigar y documentar la procedencia de los recursos utilizados para adquirir propiedades, como medida para prevenir el lavado de dinero.

De acuerdo con especialistas, esta normativa convierte al asesor inmobiliario en una especie de auditor financiero, responsable de conocer el perfil económico del comprador, evaluar el riesgo de la operación y conservar documentación por al menos diez años. Aunque ya existían disposiciones similares desde 2012, su implementación era limitada debido a la falta de supervisión y capacitación en el sector.

La obligación no solo aplica a los asesores, sino también a las empresas involucradas en compraventas de inmuebles. Si una persona aporta el 25% o más del capital para una adquisición, automáticamente será investigada. Además, las multas por incumplir estas obligaciones pueden ir de los 20 mil hasta 1 millón de pesos.

En este contexto, muchos expertos alertan que la carga regulatoria puede resultar excesiva para inmobiliarias pequeñas, que no cuentan con personal capacitado o sistemas adecuados. Según la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), cerca del 40% de las empresas cuentan con un solo asesor encargado de estas tareas, lo que genera un riesgo alto de sanciones.

Si bien el gobierno argumenta que las medidas buscan mayor transparencia y seguridad financiera, en la práctica podrían derivar en retrasos en operaciones legítimas, exclusión de clientes honestos y el surgimiento de un mercado informal que elude la regulación. El verdadero desafío será lograr que el cumplimiento de estas obligaciones no paralice al sector ni afecte su competitividad.