Con la reciente aprobación de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2026, el Senado dio luz verde a una reforma relevante al artículo 141 del Código Fiscal de la Federación. Esta modificación implica un cambio sustancial para los contribuyentes que decidan impugnar actos del SAT mediante recursos legales, ya que se exige garantizar el interés fiscal desde el primer momento en que se interpone una defensa.
El artículo en cuestión aplica a quienes recurren resoluciones fiscales —como determinaciones de créditos— y anteriormente permitía ofrecer garantía únicamente cuando el proceso llegaba a instancias como el juicio de nulidad o el juicio de amparo. Ahora, la reforma obliga a presentar dicha garantía desde el recurso de revocación, es decir, en la primera etapa del procedimiento.
Expertos en la materia señalan que esta modificación representa un aumento en la presión financiera, pues desde el inicio del proceso el contribuyente deberá contar con recursos suficientes o mecanismos adecuados para cumplir con esta obligación.
Además, la reforma impone un orden jerárquico para las formas aceptables de garantía. La primera de ellas es el depósito en efectivo en una institución autorizada, lo que restringe la flexibilidad con la que antes se podía seleccionar entre…
La falta de garantía oportuna podría derivar en embargos sin necesidad de agotar todos los recursos legales.
