Reforma al Artículo 19 de la Constitución Endurece la Prisión PreventivaEl Decreto publicado el 31 de diciembre de 2024, modifica el artículo 19 de la Constitución para ampliar los casos de prisión preventiva oficiosa.
La reforma fortalece el uso de prisión preventiva en delitos graves como feminicidio, corrupción y contrabando.
El 31 de diciembre de 2024, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reforma el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, endureciendo los criterios para la aplicación de la prisión preventiva oficiosa. Este cambio busca fortalecer las herramientas legales para combatir delitos graves y garantizar la seguridad pública.
La reforma establece que el Ministerio Público solo podrá solicitar prisión preventiva cuando otras medidas cautelares sean insuficientes para asegurar la comparecencia del imputado, la investigación, o la protección de víctimas, testigos y la comunidad. No obstante, se mantiene la obligación del juez de dictarla de manera oficiosa para delitos específicos.
Entre los delitos que ahora ameritan prisión preventiva destacan: feminicidio, violación, trata de personas, robo de casa habitación, corrupción en casos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, contrabando, y actividades relacionadas con comprobantes fiscales falsos. Además, se incluyen delitos asociados al fentanilo, armas de uso exclusivo del Ejército y crimen organizado, entre otros.
Un punto clave de la reforma es la prohibición explícita de interpretar las disposiciones de manera análoga o extensiva. Los órganos del Estado deberán atenerse estrictamente a la literalidad del texto, evitando cualquier modificación o inaplicación de las normas contenidas en este artículo.
Transitorios
El Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación, derogando todas las disposiciones secundarias que sean contrarias a su contenido. El Congreso de la Unión tendrá un plazo de 180 días para armonizar las leyes relacionadas, mientras que las legislaturas estatales deberán realizar ajustes normativos dentro de 365 días.
Esta reforma reafirma el compromiso del Gobierno con la seguridad nacional, buscando equilibrar la protección de derechos con la necesidad de combatir los delitos que más afectan a la sociedad mexicana.
