La reforma judicial recientemente aprobada por el Congreso de México afectará a 711 jueces y magistrados que perderán sus cargos. Muchos de estos profesionales han dedicado décadas de estudio y trabajo al servicio del Poder Judicial de la Federación, y ahora enfrentan el reto de comenzar nuevamente sus carreras. Esta medida, que tiene como objetivo transformar la justicia en México, ha sido recibida con escepticismo y preocupación, especialmente por la falta de consideración sobre los recursos invertidos por el Estado mexicano en la capacitación de estos profesionales. Según la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), aproximadamente 400 jueces han descartado participar en las elecciones de 2025 para retener sus cargos, mientras que muchos otros prevén que serán reemplazados por candidatos seleccionados por el Senado.
El juez Iván Francisco Rodríguez Zamarripa, titular del Juzgado Primero de Distrito en Durango, ha expresado su descontento con la reforma, señalando que la medida representa un retroceso significativo para el sistema judicial mexicano. “Es un circo”, afirmó en una entrevista, subrayando que la independencia judicial se verá comprometida, afectando la imparcialidad de los juzgadores y, en consecuencia, el derecho de los ciudadanos a una justicia justa y equitativa. Rodríguez Zamarripa también destacó que la reforma no solo implica una pérdida personal para los jueces y magistrados, sino que también representa una inversión perdida para el Estado mexicano, que durante décadas ha financiado la formación de estos profesionales a través de la Escuela Federal de Formación Judicial.
Este tipo de preparación, financiada con recursos públicos, fue indispensable para que los jueces y magistrados accedieran a sus cargos mediante concursos y exámenes de conocimiento. Además, con las reformas laborales de 2012, el gobierno mexicano también destinó importantes recursos para capacitar a los…