Reforma Judicial: El Futuro de los Juzgadores que Serán DespedidosLa reciente reforma judicial en México afectará a cientos de jueces y magistrados, que ya se preparan para ser sustituidos, cuestionando la inversión perdida en su formación profesional.
La reforma judicial impacta a cientos de jueces y magistrados que deberán dejar sus puestos en los próximos años.
La reforma judicial recientemente aprobada por el Congreso de México afectará a 711 jueces y magistrados que perderán sus cargos. Muchos de estos profesionales han dedicado décadas de estudio y trabajo al servicio del Poder Judicial de la Federación, y ahora enfrentan el reto de comenzar nuevamente sus carreras. Esta medida, que tiene como objetivo transformar la justicia en México, ha sido recibida con escepticismo y preocupación, especialmente por la falta de consideración sobre los recursos invertidos por el Estado mexicano en la capacitación de estos profesionales. Según la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), aproximadamente 400 jueces han descartado participar en las elecciones de 2025 para retener sus cargos, mientras que muchos otros prevén que serán reemplazados por candidatos seleccionados por el Senado.
El juez Iván Francisco Rodríguez Zamarripa, titular del Juzgado Primero de Distrito en Durango, ha expresado su descontento con la reforma, señalando que la medida representa un retroceso significativo para el sistema judicial mexicano. “Es un circo”, afirmó en una entrevista, subrayando que la independencia judicial se verá comprometida, afectando la imparcialidad de los juzgadores y, en consecuencia, el derecho de los ciudadanos a una justicia justa y equitativa. Rodríguez Zamarripa también destacó que la reforma no solo implica una pérdida personal para los jueces y magistrados, sino que también representa una inversión perdida para el Estado mexicano, que durante décadas ha financiado la formación de estos profesionales a través de la Escuela Federal de Formación Judicial.
Este tipo de preparación, financiada con recursos públicos, fue indispensable para que los jueces y magistrados accedieran a sus cargos mediante concursos y exámenes de conocimiento. Además, con las reformas laborales de 2012, el gobierno mexicano también destinó importantes recursos para capacitar a los juzgadores en materia laboral y para adaptar la infraestructura del sistema judicial a los nuevos modelos de justicia. Sin embargo, la reforma borra en automático estos logros, vulnerando los derechos laborales de los jueces y de aquellos que aspiraban a ascender a nuevos puestos.
La insatisfacción con el proceso de selección también ha sido evidente. Rodríguez Zamarripa criticó el uso de una tómbola para seleccionar a los jueces y magistrados que serán sometidos a votación popular, un procedimiento que, según él, abre la puerta a la elección de “jueces a modo” de los intereses políticos del partido gobernante. El riesgo, según los críticos, es que los jueces seleccionados por este método no actúen con imparcialidad, sino que respondan a los intereses del gobierno, comprometiendo la división de poderes.
La reforma ha generado una gran cantidad de críticas no solo por parte de los jueces, sino también de académicos, juristas internacionales, y colegios de abogados, que coinciden en que esta medida no mejorará el sistema judicial mexicano. En resumen, aunque la reforma judicial busca cambios estructurales en la justicia mexicana, muchos de los afectados ven con preocupación las consecuencias que tendrá sobre la independencia judicial, la imparcialidad y el derecho de los ciudadanos a una justicia imparcial.
