La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó un caso en el que se omitió explicar a una imputada los alcances y consecuencias del procedimiento penal abreviado, así como su derecho a apelar la sentencia emitida. El asunto se derivó de un proceso penal donde se impuso una pena de 20 años de prisión tras acoger dicho procedimiento. La apelación fue desechada por extemporánea, lo que llevó al inicio de un juicio de amparo que atrajo la SCJN.
Si bien la Corte sostuvo que el artículo del Código de Procedimientos Penales local es constitucional, concluyó que su aplicación en este caso afectó los derechos de la acusada al limitar su acceso a la justicia y a una doble instancia. Además, se observó que la defensa legal no cumplió con los mínimos de diligencia al no explicar adecuadamente a la imputada aspectos fundamentales como el funcionamiento del procedimiento, las consecuencias de aceptarlo ni su derecho a impugnar.
El criterio destaca que el derecho a la defensa va más allá de contar con un abogado: implica recibir orientación técnica y comprensible, especialmente en situaciones de vulnerabilidad. La Corte también subrayó la importancia de aplicar una perspectiva de…
Una defensa efectiva implica más que la presencia de un abogado: exige orientación clara sobre las decisiones procesales.
