Senado Aprueba Reforma Que Otorga Prioridad a Pemex y CFE en el Sector Energético

El Senado de México aprobó una nueva reforma energética que otorga prioridad a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), al permitirles asumir un rol dominante en la generación y despacho de energía en el país. Con 86 votos a favor, 39 en contra y una abstención, esta reforma establece un marco en el que las empresas estatales ya no competirán al mismo nivel que las privadas, convirtiéndose en “empresas públicas” en lugar de “empresas productivas del Estado”, como lo habían sido hasta ahora.

El cambio legislativo se origina como parte del legado del expresidente Andrés Manuel López Obrador y busca revertir parcialmente la reforma energética de Enrique Peña Nieto de 2013, que había abierto el sector energético a la inversión privada y obligado a Pemex y CFE a competir bajo condiciones más equitativas con las empresas privadas. En términos prácticos, la nueva reforma otorga a la CFE la responsabilidad de generar al menos 54% de la electricidad del país, lo que ha generado preocupación, ya que se priorizará el despacho de energía de plantas de la CFE incluso si sus costos de producción son más altos o más contaminantes que los de las empresas privadas.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, ha defendido la reforma asegurando que se respetarán todos los contratos actuales y que se establecerán mesas de trabajo con los inversionistas privados para definir su participación futura en el mercado energético. Sin embargo, algunos analistas y senadores de oposición han expresado su preocupación por el impacto que esta medida podría tener en los acuerdos internacionales, en particular en el marco del T-MEC, que prohíbe un trato preferencial hacia empresas nacionales. La próxima revisión del T-MEC en 2026 será clave para evaluar el cumplimiento de México con sus obligaciones comerciales.

Además de las implicaciones comerciales, la reforma ha sido fuertemente criticada por su impacto medioambiental. Senadores como Clemente Castañeda, del partido Movimiento Ciudadano, han denunciado que la medida es regresiva y obsoleta, al favorecer energías más contaminantes producidas por plantas de la CFE en detrimento de fuentes más limpias y eficientes generadas por empresas privadas. La falta de una transición hacia energías limpias y el potencial aumento de emisiones contaminantes son puntos que han generado controversia en el debate público.

El argumento central de los defensores de la reforma, como la senadora Laura Castillo, de Morena, es que esta reforma representa un paso firme hacia la recuperación de la soberanía energética y que revierte las políticas neoliberales de 2013, que buscaban “desmantelar” a Pemex y CFE. Según Castillo, el fortalecimiento de las empresas estatales permitirá a México consolidar su independencia energética y recuperar su control sobre sectores estratégicos de la economía.

No obstante, los críticos señalan que, además de poner en riesgo la relación de México con sus socios comerciales, la reforma podría perjudicar la competitividad del país en el mercado global, al no fomentar la adopción de tecnologías más limpias y al desalentar la inversión privada en el sector energético. Además, la reforma plantea interrogantes sobre la capacidad de Pemex y CFE para operar de manera eficiente y sostenible bajo este nuevo esquema, dado que ambas empresas han enfrentado dificultades financieras y operativas en los últimos años.

A medida que la implementación de la reforma avance, será crucial observar cómo se desarrollan las negociaciones entre el gobierno y las empresas privadas, y si México logra equilibrar su soberanía energética con sus compromisos internacionales y su necesidad de avanzar hacia un futuro más sustentable en términos energéticos.